En la localidad de Antonio Nariño, la protección del bolsillo de los ciudadanos es una prioridad. Por ello, desde la Oficina del Consumidor y Metrología Legal de la Alcaldía Local de Antonio Nariño, en articulación con el equipo de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) de la Secretaría de Gobierno, se llevó a cabo un operativo de inspección a estaciones de servicio de gasolina de la localidad.
El objetivo de estas jornadas fue realizar seguimiento y control a los establecimientos que comercializan combustible, verificando que las medidas suministradas correspondan exactamente a la cantidad pagada por los usuarios. Estas acciones se desarrollan bajo estrictos protocolos técnicos y normativos, utilizando instrumentos volumétricos debidamente calibrados y certificados, lo que garantiza transparencia y legalidad en cada procedimiento.
Durante la jornada de verificación, la estación inspeccionada cumplió con la legalidad en el suministro de combustible, evidenciando que los surtidores entregaban la cantidad exacta conforme a los parámetros establecidos. Asimismo, se constató que la documentación requerida para el desarrollo de esta actividad comercial se encontraba en regla y acorde con la normatividad vigente que rige el seguimiento y control de este tipo de establecimientos.
La verificación metrológica es fundamental para asegurar que no existan irregularidades en la prestación del servicio y que se respeten los derechos de los consumidores. Además, este tipo de operativos no solo protegen a la ciudadanía, sino que también fortalecen la confianza en los establecimientos que cumplen con la ley y desarrollan su actividad de manera responsable.
Para la alcaldesa local, Luisa María Ramírez Riascos, estas acciones reafirman el compromiso institucional con la comunidad:
“Nuestro objetivo es proteger los derechos de los consumidores, garantizando la equidad en cada transacción y velando por la transparencia, la confianza y el respeto por el bolsillo de las personas”.
La Administración Local continuará desarrollando este tipo de operativos en distintos sectores económicos de la localidad, promoviendo prácticas comerciales justas y fortaleciendo la cultura de legalidad. De esta manera se avanza en la consolidación de un territorio donde los derechos de los ciudadanos son prioridad y donde cada acción institucional se traduce en bienestar y confianza para la comunidad.
